Sobre la pena de muerte

¿Pena de muerte o muertos de pena?

Mario Melgar Adalid
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Japón y Estados Unidos son los únicos países industrializados con pena de muerte. En México se pensó en ella (Partido Verde) efímeramente. Después de 35 mil muertos en la guerra de Calderón, nadie piensa ya en su implantación. No por apego a ideas humanitarias, simplemente por depresión colectiva. No es la pena de muerte lo que preocupa al gobierno, sino que ante tanto problema sin resolver están muertos de pena.

En Estados Unidos, en 1968, los Jueces Asociados (ministros) de la Suprema Corte cancelaron la pena de muerte en la causa Maxwell vs. Bishop. Maxwell, un negro de Arkansas, recibió una sentencia de muerte debido a la violación a una mujer blanca, delito que no implicó la muerte de la ofendida. La defensa se basó en estadísticas para demostrar que se daba un patrón de discriminación racial. Las estadísticas indicaban que 89% de los acusados ejecutados por violación eran negros. Además, las probabilidades de que un negro que hubiera violado a una mujer blanca recibiera una sentencia capital eran de 50%, mientras que la tasa de sentencias capitales para violaciones interraciales era de 14 por ciento.

La Suprema Corte no tomó en consideración los datos estadísticos. Resolvió que las leyes penales estatales sobre pena de muerte requieren, una vez que se ha resuelto la culpabilidad, una audiencia de sentencia por separado de las actuaciones para determinar o no la culpabilidad. Lo anterior permitiría al acusado a rendir su testimonio y presentar las condiciones o hechos atenuantes, sin que se le forzara a tomar su testimonio durante otras etapas procesales.

En 1972, la Suprema Corte tomó la decisión de considerar la pena de muerte inconstitucional. El argumento se basó en la Octava Enmienda que prohíbe las penas exorbitantes y la crueldad en los castigos.

La decisión se tomó por la mínima diferencia. Quienes estuvieron con la mayoría escribieron su propio voto particular. Algunos de los jueces resolvieron que la pena de muerte, en cualquiera de sus modalidades, resultaba inconstitucional. Otros que también formaron parte de la mayoría, no resolvieron de manera absoluta, sino referida al caso concreto. Esto dio pauta para que las legislaciones de los estados encontraran caminos para revivir la pena capital. Carolina del Norte legisló a fin de que los asesinos en primer grado y los violadores con agravantes obtuvieran como castigo la pena de muerte. Otras entidades llevaron a cabo un doble procedimiento o un procedimiento en dos partes: la primera consistiría en determinar la culpabilidad. Una vez que se demostrara la culpabilidad, se llevaría adelante otro proceso judicial, el de la imposición o no de la pena de muerte, que resolvería un jurado o un juez.

Cuatro años después de haberla diferido, la Corte validó que la pena de muerte regresara a Estados Unidos. En esa decisión participó John Paul Stevens, recientemente retirado a los 90 años. No obstante, dos años antes de retirarse en 2008, votó en contra de la pena de muerte. Este voto había sido un misterio, pues 32 años antes expresó que la pena de muerte estaba acorde a la Constitución.

El misterio de su arrepentimiento quedará resuelto en la reseña de un libro de la autoría del profesor David Garland de la Universidad de Nueva York: Una institución peculiar: la pena de muerte de Estados Unidos en la era de la abolición. El editor de The New York Review of Books dice que se le ocurrió escribirle al juez Stevens enviándole el libro para que lo comentara, Stevens simplemente dijo que sí. Su reseña marcará una pauta en la historia judicial de la pena de muerte, pues contiene pasajes de los casos que le correspondió resolver. Stevens llegó a la conclusión de que el problema no es la pena de muerte sino la manera en cómo se administra.

Su trabajo contribuirá a entender mejor las decisiones judiciales. Algo que sería útil en México. Conocer de manera personal e íntima las razones por las que algunas resoluciones de nuestra Suprema Corte, incomprendidas e incomprensibles, marcaron una huella en la historia judicial de México. Se me ocurre la exoneración del góber precioso, que irá a su descanso dorado a pesar de lo que hizo.

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Publicado en Excélsior, 30 de noviembre de 2010

Alejo Garza Tamez

Don Alejo Garza Tamez: Defendio su rancho del narco hasta la muerte

El hampa exigió el 13 noviembre pasado a don Alejo Garza Tamez entregar su propiedad. El hombre de 77 años se negó y atrincheró en su finca; mató a 4 atacantes e hirió a 2.
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22-Noviembre-2010

Monterrey, NL.
Cuando elementos de la Marina-Armada de México llegaron al rancho San José, en las inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, vieron un escenario desolador: la austera casona principal estaba semidestrozada por impactos de bala y explosiones de granadas.
En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Cautelosos, con las armas listas, exploraron los alrededores y encontraron dos sujetos más heridos e inconscientes.
En el interior de la casa había un solo cuerpo, el de Don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y prácticamente cosido a tiros.
La inspección del rancho reveló que en todas las puertas y ventanas había armas y casquillos. Eso les permitió imaginar cómo se dio la batalla horas antes.
Los efectivos de la Marina buscaron más cuerpos en el interior de la vivienda, pero no hallaron más. Les parecía difícil creer que una sola persona hubiera causado tantas bajas a las atacantes con fusiles y pistolas de caza deportiva.
Decenas de cartuchos percutidos y el olor a pólvora evidenciaban la fiereza de quien peleó hasta el final en defensa de su propiedad.
Al final entendieron que aquel hombre había diseñado su propia estrategia de defensa para pelear solo, colocando armas en todas las puertas y ventanas.
La historia comenzó a escribirse la mañana del sábado 13 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados y amenazantes fue a darle un ultimátum a don Alejo Garza Tamez, dueño del rancho: tenía 24 horas para entregarles el predio o se atendría a las consecuencias.
Con la diplomacia de sus casi ocho décadas de vida, don Alejo les dijo que no les entregaría su propiedad. Y ahí estaría esperándolos, les dijo con llaneza.
Después del incidente, reunió a sus trabajadores y con tono grave y enérgico les pidió que al día siguiente no se presentaran a trabajar, que lo dejaran solo.
Durante ese sábado se dedicó a hacer un recuento de sus armas y municiones y a preparar la estrategia de defensa de su casa como si fuera un cuartel militar.
Dispuso armas en los flancos más débiles: las puertas y las ventanas del rancho. La noche del sábado 13 fue larga y sin sueño, como en sus mejores épocas de caza, pero amaneció temprano. Poco después de las 4 de la mañana los motores de varias camionetas se oyeron lejos.
Los marinos que exploraron el rancho pudieron imaginar cómo fue aquella madrugada, con gatilleros armados, seguros de la impunidad, seguros de que pronto tendrían en su haber otra propiedad. Nadie, o casi nadie, se resiste a un contingente de pistoleros que portan armas largas. Sólo Don Alejo.
Las camionetas entraron al rancho y se apostaron frente a la finca. Sus ocupantes descendieron, lanzaron una ráfaga al aire y gritaron que venían a tomar posesión del rancho. Esperaban que la gente saliera aterrorizada y con las manos en alto.
Pero las cosas no salieron como esperaban. Don Alejo los recibió a balazos y pronto un ejército entero disparaba contra la vivienda principal de la finca. El ranchero parecía multiplicarse y los minutos debieron parecerles eternos a quienes habían visto en él una presa fácil. Cayeron varios forajidos y los demás, enojados y frustrados, arreciaron el ataque. De las armas largas, los sicarios pasaron a las granadas.
Cuando al fin llegó el silencio, el aire olía a pólvora. Los agujeros en los muros y ventanas de la estructura indicaban la violencia del ataque. Cuando entraron en busca de lo que suponían era un amplio contingente, les sorprendió hallar a uno solo. Don Alejo.
Los sicarios sobrevivientes hicieron un rápido reconocimiento del terreno y optaron por abandonar la plaza. No se apoderaron del rancho, porque pensaron que pronto llegarían los militares y prefirieron huir. Dejaron lo que creyeron eran seis cadáveres, pero dos pistoleros estaban heridos.
Poco después llegaron los infantes de Marina y, poco a poco, pacientemente, reconstruyeron los hechos. Un ranchero, un hombre que amaba su propiedad más que nada en el mundo la defendió literalmente hasta la muerte.
En la última cacería de su vida, don Alejo sorprendió al grupo de sicarios que quiso imponer en su rancho la ley de la selva, la misma que ni el poder del Estado ha podido controlar.
Los marinos presentes no olvidarán nunca el cuadro: un anciano de 77 años se llevó por delante a cuatro sicarios antes de morir peleando como el mejor soldado: con dignidad, honor y valentía.
Descanse en paz don Alejo Garza Tamez.
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Tomado de:
http://www.vanguardia.com.mx/defiendesuranchodelnarcohastalamuerte-595068.html

Tiranosaurio Mex... La Suprema Corte y el dinero..

Tiranosaurio mex

Denise Dresser

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MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.

¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.

El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.

Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.

Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.

Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.

¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.

Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos.

Inglés y español...

Estábamos peor cuando estábamos mejor

Mario Melgar Adalid
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Solamente dos personas de cada 100 hablan inglés en México. En el mundo las cifras son superiores: en China, un cuarto de la población es bilingüe, Corea del Sur, Malasia, Japón o Taiwán superan 50 por ciento. Panamá (12%), Chile (8%), Argentina (5%) y Venezuela (3%). En España, 27% es bilingüe, en Brasil 24.5%, pero merecen un comentario aparte.
Brasil está rodeado de países hispanohablantes que son sus clientes y aliados. En lugar de impulsar el portugués en el exterior, los brasileños dedican un notable esfuerzo para aprender español y hacer mejores negocios con sus vecinos. Los mexicanos deberíamos aprovechar ese mercado para enseñarles español.
El inglés es la lengua franca del mundo global. Japoneses y chinos se entienden en inglés. Lo mismo sucede entre alemanes y franceses, o entre españoles y daneses. No se entiende la modernidad sin contenidos en inglés. No es siquiera un tema ideológico, sino de intereses globales. Global, como nuestra página en Excélsior, es la expresión del dominio del inglés. Los franceses hubieran querido decir mondialization, pero éste no es su siglo.
Inglés y computadoras fue el lema de campaña de Francisco Labastida frente a Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox. Parecía una ingenuidad querer ganar con esa propuesta. Entonces el país tenía la ilusión del cambio, por eso perdió el PRI. Así como hoy la mayoría pensamos que el gobierno panista nos lleva al barranco, entonces se pensaba que el PRI era el villano de la película. En el mundo corrió la noticia de que finalmente el PRI salía de Los Pinos. El mensaje de embajadores y cónsules en el exterior fue que todo había estado mal en el país. La democracia había triunfado y vendría una nueva era de moral pública. Ese mensaje de los 75 años de corrupción del PRI duró todo el sexenio foxista y los primeros años de Calderón. Ahora después de 10 años del PAN en Los Pinos, los mexicanos, al menos los encuestados, se pronuncian por el regreso del PRI. Parecemos decir que estábamos mejor cuando estábamos peor.
El inglés para los niños mexicanos vuelve a ser tema de debate. En el proyecto de reformas a la Ley General de Educación se proponía establecer como obligatoria la enseñanza de un segundo idioma.
Los diputados consideraron que no están dadas las condiciones para intentarlo. Fieles al inmovilismo legislativo consideran que no hay condiciones, cuando lo que se pretendía con la reforma educativa es precisamente cambiar las condiciones del país. Los diputados no necesitaron inglés para ocupar sus curules, pero el país no podrá ocupar un lugar digno en el mundo global si mantenemos esos criterios parroquiales de seguir monolingües.
Para 2011, el Ejecutivo federal recortó 75 por ciento los recursos para el programa de enseñanza de inglés en escuelas públicas. No obstante, en las escuelas primarias particulares que atienden alrededor del 30 por ciento de la población ofrecen inglés a sus estudiantes.
El resultado es ahondar más la diferencia entre los mexicanos. Los estudiantes de las escuelas particulares con educación de cierta calidad, sujeta a las reglas del mercado y la supervisión de padres de familia que no toleran un paro educativo. La educación oficial, que alguna vez fue la mejor, está como todo lo demás del quehacer público en franca bancarrota.
Por lo pronto en lo del inglés se equivocaron. Se olvidó además una segunda lengua se aprende mejor en una etapa temprana del crecimiento. Se les olvido que estamos en el siglo XXI.
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Publicado en Excélsior, 16 de noviembre de 2010.

Política y narco...

La narcopolítica, grave amenaza a la salud de la República

Mireille Roccatti

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El Sol de México

12 de noviembre de 2010

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Multo quam ferro língua atrócior ferit // La lengua hiere mucho más atrozmente que el hierro

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La declaración del Titular del Ejecutivo Federal en vísperas de partir a Corea para asistir a la reunión del G-20, respecto de la infiltración del dinero sucio del narcotráfico en la política, es sumamente delicada y debe tomarse con la mayor seriedad posible. Es de esperarse que el presidente Calderón no la haya emitido con frivolidad y desparpajo, como ha sucedido en ocasiones previas y desde luego que por su formación profesional como jurista en caso de contar con información fehaciente, pruebas indubitables o solamente indicios, proceda a hacerla del conocimiento del órgano investigador, en este caso la PGR, para que se inicie la indagatoria correspondiente y de resultar procedente se consigne al ente el órgano jurisdiccional competente.

Sería lamentable que esta declaración pasara a formar parte del rosario de ocurrencias presidenciales y sólo se recordará en el anecdotario de lo trivial y expresado sin previa valoración, amén de la seriedad que implica emitir un juicio de esa naturaleza. Lo sería aún más, teniendo en cuenta los precedentes de lo expresado en París, hace algún tiempo por Gerardo Ruiz Mateos, entonces Secretario de Economía y ahora de regreso a Los Pinos, quien aseguro que existía el peligro de que el próximo Presidente de la República, pudiera ser una gente ligada al narco, o también lo manifestado por el encargado del CISEN, de que el narco podría haber infiltrado el poder legislativo.

Es cierto que desde hace decenios, la vox populi, ha señalado a políticos de todos los pelajes y colores, incluso presidentes o gente de su primer círculo, como cooptados por el narco y más recientemente en los años 80's fuentes cercanas al gobierno estadunidense señalaron difamatoriamente al propio presidente De la Madrid, así como a los entonces secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, sin que se les pudiera probar nada, pero tampoco recibir una exoneración oficial. Aunque en justicia habrá que decir que siguieron visitado el vecino país del norte y alguno de ellos aun lo hace, sin que los persiga la justicia.

En todo caso, excepto por la prisión que aún sufre en los Estado Unidos, después de haber sorteado los procesos a los que fue sometido por la justicia mexicana el ex - Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; los rumores y trascendidos que involucran a diversos personajes políticos de la iniciativa privada, han quedado en eso, tan sólo señalamientos.

Es cierto también que el peligro de que el narcotráfico permee la esfera política ha sido considerado desde hace tiempo, baste recordar que las prerrogativas que se otorgan dispendiosamente a los partidos políticos tuvieron su justificación en evitar la llegada de dinero sucio a las campañas electorales. La diferencia, de lo que hoy comentamos, ciertamente no menor, porque ahora el señalamiento proviene del propio Presidente de la República y no puede quedar al aire.

Es cierto asimismo, que en tiempos recientes sobre todo en tiempos electorales, algunos "spin doctors" del régimen filtran la especie de que está por ejercerse acción penal en contra de algunos connotados políticos o de "algún gobernador del norte del país", sin que hasta ahora se hubiera concretado nada. Por otra parte, habría que señalar que también vox populi, señala ahora mismo a diversos gobernadores, presidentes municipales, procuradores, jefes de policía, comandantes militares e inclusive miembros del gabinete presidencial como coludidos con los carteles del narcotráfico. Y tampoco puede soslayarse la infinidad de mantas colocadas en todo el territorio nacional por las bandas delincuenciales acusando a algunos de los anteriormente mencionados como involucrados como favorecedores de las bandas antagónicas. No deja de llamar la atención que en ocasiones la autoridad acude presurosa a investigar e inclusive se apoya en dichos indicios para proceder legalmente y en otras olímpicamente los ignore.

Es indudable y en ello coinciden todos los expertos que en donde existe corrupción policíaca, existe cobertura política. Esta complicidad es ineludible, y en contra de ella se debe actuar legalmente y sin cortapisas. Lo que tenemos que evitar es el manejo faccioso de la justicia, en el cual se utiliza a las instituciones de procuración de justicia, la federal y las estatales, como ariete para venganzas políticas. El caso del denominado michoacanazo es una pruebe indubitable.

Por salud de la República, sería lamentable que estuviéramos en una reedición de una estrategia electorera en la cual se buscara calumniar e infamar a los adversarios para ganar elecciones. Los procesos electorales del 2011, por muchas razones deben ser transparentes y confiables, enturbiarlos sólo complicaría el relevo presidencial del 2012 y cuidado porque quien juega al pirómano, suele resultar incinerado.

Sobre crimen organizado y ciudadanía...

Ya párenle

Pedro Miguel
La Jornada, 09 de noviembre de 2010
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El que seamos estudiantes, periodistas, comerciantes, manicuristas, campesinos, médicos, maleantes, políticos, madres o padres de familia, monjas, contadores, cantantes, sexoservidores, transeúntes o policías, carece de relevancia. Ustedes dejen de asesinarnos, y punto.
Ya antes nos han mandado a decir, en narcomantas o en discursos en cadena nacional, que esta fiesta sangrienta es exclusivamente entre ustedes, que los muertos seguramente eran pandilleros, que la gran mayoría de los cuerpos pertenecen a sicarios, que el resto de los mexicanos no tenemos nada de qué preocuparnos. Qué alivio: matar sicarios o pandilleros es una tarea (gubernamental o delictiva) tan legal y rutinaria como poner un sello de recibido a los oficios que se presentan en una ventanilla. Como si no existieran el Código Penal ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, como si nadie hubiera descubierto aún la axiomática procedencia moral y social del precepto “no matarás”, como si Sócrates hubiese hecho gárgaras de cicuta sólo para divertir al público, como si Jesús no se hubiera dejado clavar en un madero, como si un puñado de ilustres no se hubiera tomado la molestia de reunirse en Querétaro para emprender la engorrosa tarea de redactar una constitución, como si los infractores fueran reses y no personas.
Pero nos han mentido: aunque aseguren que no asesinan a quienes no estén involucrados en los asuntos de la delincuencia organizada, han seguido apareciendo, despedazados, maniatados y apilados en montón, albañiles, turistas, adictos en rehabilitación y muchachos que festejaban algo; hemos debido enterrar a bebés cosidos a balazos porque el ejército o la policía los confundieron con capos de la droga; tenemos estudiantes muertos haiga sido como haiga sido y estudiantes vivos con los intestinos de fuera por efecto de las balas policiales; seguimos padeciendo secuestros de individuos –respetuosos de la legalidad, o no, qué importa– porque ustedes necesitaban algún insumo para su fábrica de culpables, o porque querían una lana, o porque hicieron un casting macabro para producir un video que después divulgarían en Youtube, o porque requerían un cadáver llamativo para colgar de él una cartulina con garabatos ominosos.
Felipe Calderón sugiere, con extremado descaro, que nos acostumbremos a las masacres, y José Francisco Blake Mora tiene el cinismo de pedirnos que nos armemos de paciencia ante nuestro propio exterminio. Pacientes no podemos ser ni para escuchar o leer semejantes obscenidades: la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene ganas de morirse, ni siquiera de catarro, y menos para abonar esta sanguinaria confluencia entre los intereses económicos y los intereses políticos de unos y de otros.
Algunos de ustedes querrán una montaña de dólares; habrá el que se afane en cumplir órdenes de Washington; otros desearán subsanar inseguridades personales presentando al respetable una fachada de resueltos e implacables; alguno más deseará llevar a México –en función de sabe Dios qué cálculos torcidos y perversos– a la ingobernabilidad total, al estado de excepción y a la dictadura; otros aspirarán a las tres cosas. Pero dense cuenta de que matar es un mal negocio, así sea porque con cada persona que asesinan pierden a un potencial consumidor de droga, a un causante al cual esquilmar, a un televidente, a un votante, a un trabajador explotado, a un ser humano con el cual interactuar en el sentido que sea. Busquen otros métodos de negociación y quédense sosiegos en sus oficinas gubernamentales, en sus residencias de insolentes millones, en el bote, en sus aviones privados, en sus haciendas, en sus podios de cartón o en sus escondrijos.
Tras veintitantos años de neoliberalismo depredador (el auge de la delincuencia organizada es parte orgánica del modelo), el único lujo que les queda a los mexicanos, en su mayoría, es la vida. Tengan por seguro que, si no estuviéramos firmemente anclados a ella –incluso a esta vida, que ustedes se empeñan en volvernos miserable–, les habríamos ahorrado el esfuerzo y ya habríamos acudido en masa a cortarnos las venas en los zócalos de todas las ciudades del país. Ustedes, matones de todos los bandos, háganle como quieran, pero detengan el baño de sangre. Dejen de asesinarse entre ustedes y dejen de asesinarnos, y punto.

Sobre el fuero militar...

La verdadera justicia y el fuero militar

Mireille Roccatti

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La iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar, enviada al Senado de la República como cámara de origen, por el Ejecutivo federal en días pasados, no honra cabalmente ni el texto del artículo 13 constitucional, ni las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de acotar la jurisdicción castrense. Es falso, como se afirma, que se trata de una modificación al fuero militar.

Históricamente, este fuero, que tiene su origen en el Imperium del que estaban investidos los generales romanos, para castigar la insubordinación y la deserción en el campo de batalla tal cual está normado en el artículo 13 constitucional, en el que se establece su verdadera naturaleza al señalar: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar...".

El debate legislativo debe necesariamente que considerar lo que en el propio artículo 13 de la Constitución establece: "Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". La redacción y sentido de este artículo es tan clara, que no requiere de interpretación. Es por ello que el impugnado artículo 57 del Código de Justicia Militar que tramposamente se pretende modificar parcialmente es claramente violatorio de la Constitución. El referido Código sólo debe regular conductas que tenga estrecha conexión con la disciplina militar, y no cuando se afecte la esfera de derechos de algún ciudadano.

La enmienda al artículo 57 del Código de Justicia Militar que pretende el gobierno del presidente Felipe Calderón simula el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, un campesino del Estado de Guerrero detenido en 1974 por miembros del Ejército y que desde esa fecha está desaparecido.

Asimismo, busca simular el cumplimiento de la sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por lo cual se busca normar que sean solamente los tribunales del fuero común los que conozcan, sustrayendo de la jurisdicción militar como hasta hoy acontece, de los delitos de desaparición forzada de personas o privación ilegal de la libertad practicada por agentes estaduales, tortura y violación.

En el caso de estas sentencias, son resoluciones jurisdiccionales vinculatorias y la propuesta de reforma del Ejecutivo, no honra ni los compromisos internacionales del Estado Mexicano y, tampoco acata a cabalidad el resolutivo que lo condena a "adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas o, "adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte, en el plano internacional, también existe una recomendación emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que en el mes de marzo de este año, recomendó al Estado mexicano "modificar el código de justicia militar a fin de que la justicia castrense no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. Y agregó, "en ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles".

Es claro que la propuesta formulada por la ONU es una recomendación, es decir, no tiene carácter vinculatorio. En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana estamos ante el fallo de un tribunal del que desde diciembre de 1998 aceptamos someternos a su jurisdicción y en el cual litigamos largamente, defendiendo lo indefendible.

Cabe resaltar que la referida Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció criterios como el que "la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional.... vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas", que "la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y en su caso sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos... el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria" y finalmente que en el caso de delitos cometidos por un militar en activo y que no "afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por los tribunales ordinarios".

En síntesis, la reforma del fuero militar debe ser acorde al texto constitucional y cumplir a cabalidad tanto los compromisos internacionales adoptados, así como cumplir escrupulosamente las resoluciones jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hacerlo de manera textual, sería una simulación.

Plantearlo así, no significa atacar a las fuerzas armadas, por el contrario, debido al respeto que debemos tener al Ejército en tanto constituye una de las instituciones más respetables de la Republica, tenemos que protegerlo sobretodo jurídicamente. El Ejército no requiere de simulaciones ni de impunidad.

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El Sol de México

5 de noviembre de 2010